Chapuza

"Es fundamental que exista una expectativa mensurable para poder valorar si el Gobierno está cumpliendo con sus afirmaciones sobre el rendimiento del sistema de salud". Esta frase es una de las bases del acuerdo firmado hace pocos meses entre el Gobierno del Reino Unido y el Consejo de Dirección del NHS, un organismo independiente que ha gestionado y gestionará la reforma del sistema británico de salud.

Un acuerdo que ha servido para ir matizando, de forma consensuada y aislada del ruido político, los ritmos y los contenidos de la Ley que David Cameron había enviado, intentando reducir costes, al Parlamento (la denominada "Health and Social Care Bill").
Después de recibir el informe de un grupo independiente de expertos, Gran Bretaña ha decidido que las reformas para mejorar y hacer sostenible el sistema sanitario deben hacerse paso a paso y con una evaluación transparente, periódica y sólida de los resultados que se vayan obteniendo. Es cierto que dentro de los cambios propuestos se incluyen diversas formas de participación privada, pero equilibradas y en condiciones que permitan su comparación, sin trampas contables, con las formulas estrictamente públicas.

Algo muy distinto a la entrega pura y dura de áreas da salud enteras (con el secuestro asistencial de sus ciudadanos) al oligopolio sanitario privado que opera en España. Todo lo contrario al derecho a escoger médico u hospital de los ciudadanos (bloqueado "de facto" por razones operativas, geográficas y logísticas). Nada que ver, por tanto, con la libre competencia y la transparencia a la que apela demagógicamente el PP en Madrid, Valencia y Castilla la Mancha. Comunidades dónde, si un milagro no lo remedia, se va a imponer un modelo de alto riesgo no testado en ningún lugar del mundo, sin ninguna garantía de éxito y muchas posibilidades de ser un desastre a medio plazo. Un modelo, quizás por eso mismo, gestionado precisamente por fondos de capital-riesgo. Una chapuza interesada.

Aquí no se ha consultado ni a expertos ni a profesionales, ni a pacientes. No se ha llevado el asunto al Parlamento. No se han fijado objetivos a corto o medio plazo, ni normas contables, ni se garantiza la transparencia del gasto ni la posibilidad de comparar o "competir" entre centros en calidad y eficiencia. Aquí sólo ha contado el rodillo de la política. Y el autoritarismo del sector más radical del PP, de FAES, de Esperanza Aguirre y de sus delfines. A los que alguien tendría que decir más pronto que tarde: "vayasé, Sr. González antes de que sea demasiado tarde".
No es que sean de derechas, es que son malos. Y cada paso que dan, deben desandarlo. Véase la Princesa o el euro por receta. Lo malo es que en ese camino nos vamos dejando demasiados pelos en la gatera. Que costará mucho recuperar.
Pero dicho esto, tampoco vale rasgarse las vestiduras -sin argumentos más allá del populismo y el simplismo argumental-, ante medidas que conviene valorar como el cierre de los puntos de atención continuada o de urgencias que no tienen sentido o racionalidad. Ni no querer entrar a hablar de racionalización en la prescripción farmacéutica. Sobre todo cuando existen innumerables campos de mejora en actuaciones en salud importantes y eficientes que necesitan esos recursos. Parece mentira que seamos tan burros para no ver que o nos sentamos para decidir juntos con criterios técnicos sólidos, o todo se nos ira al garete, mientras nos bajamos de la estúpida moto que unos y otros pilotamos con el carnet a punto de caducar.