Ciencia

A estas alturas, a nadie le quedan dudas de que la recuperación, a medio plazo, de nuestra actividad económica sólo puede basarse en el cambio de modelo productivo. La excelente formación de muchos de nuestros jóvenes puede hacerlo posible. Si conseguimos entre todos generar dinámicas públicas y privadas que faciliten esa ingente tarea. También contamos con un nutrido grupo de investigadores que, tras su paso por países punteros en ciencia y tecnología, han vuelto a España en los últimos años y están en condiciones de liderar proyectos innovadores.
Sólo nos falta financiación y un marco normativo que facilite las cosas. Es difícil que en la actual coyuntura el gobierno central o los autonómicos puedan incrementar más los presupuestos dedicados a I+D+i. Por eso es fundamental contar con la iniciativa privada. Para que el conocimiento no se quede en mera acumulación de saberes y pueda trasladarse a la vida real en forma de riqueza económica y mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
Pero en España, dónde en las pasadas décadas surgieron nuevos emprendedores que están permitiendo a este país resistir a la crisis financiera y al estallido de la burbuja inmobiliaria, falta tradición inversora en ciencia y tecnología. El tejido económico no repara todavía en la potencialidad de este sector estratégico. Su contribución es ínfima comparada con los países de nuestro entorno. No todo es culpa de los gobiernos. La llamada sociedad civil también es responsable de las actuales dificultades económicas.
Dos noticias sobre el tema, se han conocido en la última semana. La primera muy positiva: la aprobación por el Parlamento del Estado de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Una norma surgida del consenso de todas las fuerzas políticas, que busca facilitar la cooperación de las administraciones central y autonómica, la Universidad y las empresas para la promoción de la investigación, el desarrollo experimental y la innovación, bases de una economía sostenible. La ruptura de algunas de las rigideces actuales del sistema, la creación de una Agencia Estatal y la incorporación de nuevas modalidades de contratación para los jóvenes investigadores, son noticias largo tiempo esperadas por la comunidad científica española.
La segunda, en cambio, muestra nuestra secular tendencia a buscar problemas en vez de soluciones. El laboratorio de Mariano Barbacid, del Centro de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha identificado una proteína en las células del cáncer de pulmón que puede posibilitar el desarrollo de nuevos fármacos para su tratamiento. Dos inversores privados están dispuestos a aportar el dinero necesario para ello, unos 50 millones de euros. Y resulta que los responsables ministeriales sacan a relucir determinadas trabas legales en vez de poner los medios para resolverlas. En un reciente artículo, el conocido investigador ponía como ejemplo varias experiencias similares en EEUU -país con muchos defectos pero lleno de virtudes en materia de innovación- que finalizaron con gran éxito económico y científico.
Esta semana, aquí en nuestra ciudad, y de nuevo por iniciativa de la AME (Asociación de Mujeres Empresarias) de Ourense, pudimos escuchar a María Soledad Soengas, bióloga gallega que lidera, en el CNIO, el grupo de melanoma. Después de publicar, en la prestigiosa revista Cancer Cell, importantes avances sobre el comportamiento de este tumor, le toca buscar financiación privada para afrontar el enorme coste del desarrollo de terapias que apliquen el conocimiento alcanzado. Sólo podemos desearle toda la fortuna del mundo en esa gestión tan aparentemente alejada de la tradicional actividad científica.
Ya es hora de que en este país acabemos con la vieja frase que Miguel de Unamuno utilizó para denunciar a quienes castraron a España durante décadas de piedra y miedo: “¡qué inventen ellos!”. Ahora, con el potencial formativo que poco a poco hemos ido acumulando y un mínimo de sentido común, si nos lo creemos, podemos.