El Colegio Médico de Ourense, tras su
lectura en profundidad y con motivo de su convalidación el día de hoy por el Congreso,
cree necesario fijar públicamente su opinión sobre el Decreto Ley de “Medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad
de sus prestaciones”.
En primer lugar, creemos que dichas
medidas aportan muy poco a la sostenibilidad del sistema sanitario público y no
conseguirán, ni de lejos, el ahorro pretendido de siete millones de euros. Más
bien suponen, en esencia, un cambio del modelo que consagraba, desde la Ley General de Sanidad
de 1986, la atención sanitaria como un derecho de ciudadanía. A partir de este
decreto, ese derecho queda reservado a los “asegurados”, quedando excluidos de
entrada los que no lo estén. Todo un retroceso histórico inaceptable para los
que, en base a nuestras normas deontológicas, tratamos personas, no tarjetas
sanitarias. Y que, además, incluimos en nuestras obligaciones como médicos, no
sólo la atención urgente sino también la continuidad asistencial de los
pacientes atendidos.
La nueva ley desarrolla un conjunto de disposiciones
impuestas sin participación de los profesionales sanitarios ni de las
organizaciones que los representan, indiscriminadas, precipitadas y en las que
el principio básico de la medicina: “en primer lugar no hacer daño” no se
respeta, pudiendo producir consecuencias negativas para la salud en los
individuos más débiles y desfavorecidos y para la salud pública en general. Medidas,
en suma, que en nada contribuyen a mejorar la calidad del sistema sanitario
público y, mucho menos, su seguridad, como retóricamente indica el titulo del
decreto.
El farragoso copago farmacéutico que en
él se plantea, no es la solución para disminuir el desproporcionado gasto en
medicinas que nuestro estado soporta desde hace años. Buscar, como la Conselleira de
Sanidade afirmó públicamente, un efecto disuasorio para que los pacientes
–sobre todo los pensionistas- no retiren algunos de los fármacos que se les
recetan, es presuponer que esas prescripciones no son racionales y necesarias. Lo
que, al menos, parece poco respetuoso con la práctica médica en nuestra
comunidad autónoma.
No es penalizando ni disuadiendo a los
pacientes como debe reducirse el gasto, sino vía precios a través de subastas/compras
centralizadas, con la mejora del formato de dispensación electrónica y vía
reducción de la cantidad de recetas. Y esto es posible, sin copagos, a través
de la racionalización de la prescripción y la disminución de la frecuentación
en las consultas, desarrollando para ello nuevas estrategias en la gestión de
la cronicidad, tal como ya están haciendo algunas comunidades autónomas del
estado.
No se trata, por tanto, de despilfarrar
ni de ahorrar, sino de gastar sólo en aquello que sea útil para los pacientes.
Y nada de esto puede conseguirse sin contar con los que desde la gestión del
conocimiento, deciden cada día el gasto y la calidad de la asistencia
sanitaria. Nadie conoce mejor que ellos dónde se puede recortar y dónde no.
Sólo desde una apuesta real por la gestión clínica y por sólidos cambios
retributivos que diferencien claramente a los profesionales sanitarios según
compromiso y resultados con criterios de coste/eficiencia, debe buscarse la
sostenibilidad del sistema.
Hay que decir, no obstante, que el
articulado tiene algunos aspectos positivos y justos como la gratuidad de los
fármacos para los parados sin prestación económica y para las personas que
perciben pensiones no contributivas. También lo es la generalización de la prescripción
por principio activo, cuestión ésta ya definida así por el gobierno anterior.
Sin embargo, y con un claro tinte
autoritario, la ley modifica unilateralmente, aprovechando la circunstancia,
los derechos consolidados del personal funcionario y de cupo y zona, cuestión
ésta que nada tiene que ver con el objeto del decreto y que rechazamos
tajantemente.
En suma, este Colegio entiende que situar
a la Sanidad Pública
como uno de los principales problemas económicos del país es desvirtuar la
realidad con motivaciones espurias. España tiene uno de los sistemas sanitarios
más baratos y eficientes del mundo con una financiación insuficiente desde hace
años, con determinados problemas de sostenibilidad y necesitado de una revisión
estratégica. Por tanto, los recortes lineales, injustos e indiscriminados que en
este decreto se plantean, no aportan nada a la resolución de la crisis
económica general. Al contrario, amenazan con deteriorar gravemente uno de los
proyectos colectivos que nuestro país ha desarrollado con más éxito.
Así que hoy, más que nunca, es necesario
afirmar que la sostenibilidad a corto y medio plazo de la sanidad pública, entendida
como un derecho del ciudadano sólo por el hecho de serlo, es posible aún en las
circunstancias económicas más adversas, si, en vez de medidas burdas y
apresuradas, se desarrollan, con el tiempo y el consenso necesarios, cambios estructurales
que apuesten por mejorar la eficiencia y la calidad del sistema, contando –en
vez de obviando, como en esta ocasión se ha hecho- con los profesionales
sanitarios que en su actividad diaria son los únicos que pueden hacerlo
posible. La Sanidad no necesita recortes ni ahorros, sino una renovación en
profundidad, con independencia de la crisis.
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