Menos recortes, más reformas

El sistema público de salud español es uno de los mejores del mundo y sus indicadores objetivos así lo confirman. También es de los más baratos: un 6.5% del PIB frente al 7.3 de la UE15. Pero tiene un serio problema de financiación por insuficiencia presupuestaria crónica y una contumaz tendencia, imparable en los últimos años, al incremento estructural del gasto.
La sanidad es valorada por los ciudadanos como la joya de la corona del estado del bienestar. Por tanto, los recortes sólo se entenderán si antes se ha apurado al máximo el ahorro en el resto de partidas gestionadas por las administraciones públicas. Y si, además, se han exprimido por completo todas las fuentes impositivas de recaudación: lucha contra el fraude, progresividad fiscal…
No hay duda de que son necesarias reformas profundas en el sistema para que éste continúe siendo de calidad y económicamente viable. Pero cunde la sensación de que los gobiernos autonómicos no tienen el valor y/o el conocimiento para afrontarlas y prefieren la vía fácil de los mal llamados ajustes. Que además de tener un más que limitado potencial de ahorro, se centran en los más enfermos, más débiles y menos informados. Injustos e inútiles, por tanto. Generalmente con marcha atrás a los pocos días. Llega con observar el errático asunto del bloqueo en las cartillas de los parados de larga duración, los etéreos conceptos de uso irresponsable del servicio, la ilegal discriminación a inmigrantes y no empadronados…, para concluir que a día de hoy las ocurrencias puntuales sustituyen al análisis, al diagnóstico real de los problemas y a su correcto tratamiento.
En España vamos mucho más al médico y recibimos muchas más recetas que la media europea, sin que ello suponga beneficio adicional en términos de salud y bienestar. He aquí un buen asunto para empezar a pensar. Como bien decía en un reciente artículo un ex alto cargo sanitario, frente a cierto estado de opinión que culpabiliza al usuario de esa sobreutilización de los servicios -argumento que lleva de cabeza al copago en sus versiones disuasoria y recaudatoria-, algunos pensamos que esa demanda es en gran parte inducida por el propio sistema, cuya hoja de ruta seguimos todos sin la más mínima duda, convencidos de su incontestable idoneidad.
Muchas consultas y derivaciones de un médico a otro... Tantas que algunos pacientes ancianos parecen no salir nunca del hospital en los últimos años de su vida. ¿Cuántas de ellas son realmente útiles? De todo hay, por supuesto. Pero, en todo caso, no es fácil trascender ese esquema bien intencionado, sustentado en la abundancia y el bajo coste de los especialistas. Un formato en apariencia intachable que, sin embargo, amenaza con morir de éxito, convertido en rutina ineficiente y obsoleta para un contexto demográfico nuevo. Con la cronicidad y la dependencia como invitados ya mayoritarios.
Y cuando hay demasiadas consultas, hay demasiadas recetas. Por eso, medidas tan razonables como la prescripción por principio activo tomadas para reducir el enorme gasto farmacéutico, sólo abordan la consecuencia del problema, no su causa. Así que necesitamos ir más allá, afrontando las reformas estructurales que conduzcan a un verdadero cambio de modelo. Y hacerlo dejando la política y el corporativismo a un lado. Huyendo de medidas de despacho, forzadas para dar apariencia de respuesta a la coyuntura y que más que ayudar a la sostenibilidad, conducen al deterioro y a la pérdida de confianza en la sanidad pública.
Hay que identificar bien las bolsas de ineficiencia asistencial, muchas de ellas basadas en viejas decisiones políticas, corporativas o localistas sin valor añadido. Su reconversión sería mucho más eficaz en términos de ahorro y racionalidad que los copagos –siempre injustos e ineficaces-, las privatizaciones –ruinosas a medio plazo- y los recortes de corto vuelo.
Debemos consolidar, también, una agencia de evaluación del uso de las tecnologías y los fármacos –tipo NICE inglesa-, cuyas conclusiones sean vinculantes para todo el sistema y sirvan para definir y mantener una cartera estatal de servicios única, con financiación garantizada. Y, sobre todo, cambiar el modelo retributivo de los profesionales, primando de verdad –no como hasta ahora- el compromiso con la organización y la obtención de resultados de calidad. Con nóminas más vinculadas a la productividad que las actuales. Saliendo del habitual y desmotivador café para todos que caracteriza nuestra función pública.
Nada de esto puede hacerse sin un gran acuerdo político, profesional y ciudadano para blindar a la sanidad pública española durante estos años de crisis. Los recortes sólo traerán debilidad; las reformas, fortaleza.