domingo, 13 de octubre de 2013

Justicia prescrita

Rajoy, Arenas y la cúpula del PP cobraron sobresueldos en B (también en A por supuesto) del partido, y por tanto del erario público, que no van a tener coste jurídico ni político alguno. Por un lado, la prescripción de los posibles delitos anteriores a 2007 les librara de cualquier responsabilidad penal en ese periodo. ¿Qué sentido tiene, a quién beneficia, la prescripción de los delitos? Desde luego no al ciudadano de a pie: a la inmensa mayoría de los españoles, demasiado silenciosos -diría yo- a la vista de lo que está ocurriendo. 
Y si algún fleco pudiera quedar (más allá de 2007), Hacienda sostiene que la recepción por los partidos políticos de fondos ilícitos "no tiene en España consecuencias en el régimen tributario". Y por tanto las retenciones de ellos derivadas (tiene narices que lo ilícito desgrave), reduce la cuantía de esos sobresueldos por debajo de los 120.000 euros en los que se sitúa la barrera del delito fiscal. ¿Cómo es posible que la enorme bolsa de corrupción (Gürtel- Bárcenas) que afecta hasta el tuétano al principal partido de este país, gobernante y hegemónico, no tenga consecuencia alguna ni jurídica ni política? Impunidad. Degradación de la democracia. Vergüenza. Otra vez la capacidad del sistema judicial español, puesta en entredicho.
Hay muchos casos más para ejemplificar en la actualidad esa flagrante incapacidad: la Operación Puerto, las micropenas en el mediático caso Malaya después del acoso habitual al único juez, Miguel Ángel Torres, que tuvo en su día el valor de instruir la causa..., el caso Fabra que también acabará como el rosario de la aurora tras tantos años de jueces relevados, trasladados... O el caso Baltar, con el cacique implicado ya jubilado e inmune en la práctica a cualquier condena... O el sistemático cuestionamiento por el PSOE andaluz, poco justificado en muchas ocasiones, de la juez Alaya en el turbio asunto de los ERE...
Debe ser descorazonador para los jueces de instrucción españoles que su esfuerzo y su arduo trabajo termine en prescripciones, en archivos basados en argucias procesales o en microsentencias injustas.
Fuera ya nos conocen como un país corrupto en el que prima la impunidad sobre una justicia prescrita e inútil "de facto" en los casos de este tipo. Si tenemos un mínimo de autoestima, deberíamos hacer algo ya. Y rápido. La memoria reciente es frágil y los medios de comunicación volubles y demasiado dependientes de los círculos del poder económico y político. En poco tiempo acabaremos volviendo a votar a los mismos corruptos de siempre.

4 comentarios:

  1. La única solución es el cambio de mentalidad de la mayoría de la población y de los políticos. Dimitir es algo que no se ve en este país aunque los pillen con foto incluída, haciendo lo que sea. Esa mentalidad delincuente está en ellos y en la población.No existe ningún sistema que controle a los políticos, o , si existe no se deja que actúe, por parte de los pandilleros de los partidos.Jueces,fiscales, policía...Nadie puede moverse porque le puede salir caro. NO WAY OUT!!!

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    1. La única solución es que el pueblo se rebele contra tanto atropello:

      "Habla, pueblo, habla / este es el momento / no escuches a quien diga / que guardes silencio./ Habla, pueblo, habla / habla sin temor / no dejes que nadie / apague tu voz. /"

      Después de tantos años, otra vez de rabiosa (muy rabiosa) actualidad.

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  2. A veces me pregunto si la transición real está todavía por completar en algún ámbito que quedó descolgado de la realidad de una nación que articuló sobre el papel el mejor de los sistemas, pero fracasó en su sentido cívico, de unidad, de Pueblo, de Nación (indepedientemente de su diversidad).

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  3. Como bien decís, no hay ámbito que escape a esta degradación moral que la justicia ampara. Ni siquiera en la discapacidad: 10 de los 12 jugadores que ganaron el oro en los Paralímpicos de Sidney no cumplían los criterios para ser considerados discapacitados. Juzgados en España 13 años después por falsedad y estafa de técnicos, evaluadores, deportistas y dirigentes, el caso se ha cerrado con 18 absoluciones y una sola condena: multa de 5.400 euros al presidente de al federación que urdió la masiva trampa. The Guardian califica este caso que apenas ha sido conocido en España como uno de los 10 más grandes escándalos de la historia del olimpismo. Marca España, desde luego.

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